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Bertha Cáceres

De Mexpedia
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Bertha Cáceres
Archivo:Berta Cáceres (cropped).jpg
Bertha Cáceres
Información personal
Nombre completo Bertha Isabel Cáceres Flores
Nacimiento

4 de marzo de 1971
pueblo de La Esperanza,
departamento de Intibucá,

República de Honduras Archivo:Flag of Honduras (1949–2022).svg
Fallecimiento

2 de marzo de 2016 (44 años)
pueblo de La Esperanza,
departamento de Intibucá,

República de Honduras Archivo:Flag of Honduras (1949–2022).svg
Causa de muerte Herida por arma de fuego
Nacionalidad Hondureña
Familia
Padres María Austra Berta Flores
José Doré Cáceres Portillo
Hijos Olivia Marcela, Bertha Isabel, Laura, Salvador Zúniga
Sitio web
Distinciones Premio Goldman
Premio Shalom
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Berta Isabel Cáceres Flores[n 1] (La Esperanza, 4 de marzo de 1971 ‑ La Esperanza, 2 de marzo de 2016)[n 2][2] fue una líder indígena lenca,[3] feminista y activista del medio ambiente hondureña.[4]

Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman,[5][3] «el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente». Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida,[6] mientras protestaba en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca impulsado por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima). Esta presa, que tendría lugar en el río Gualcarque, implicaría tanto afectaciones medioambientales como vitales para la comunidad lenca de la zona, como la interrupción de su suministro de agua y de alimentos.[7]

El asesinato de Cáceres fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de Europa. Ocho personas fueron condenadas por el mismo. En julio de 2021, Roberto David Castillo Mejía, directivo de la empresa DESA, fue declarado culpable de ser coautor intelectual del asesinato de Cáceres.[8] Anteriormente, fueron declarados culpables y condenados otros tres autores intelectuales, entre los que se encontraban exmilitares y un mayor del ejército,[9] y tres actores materiales. El 27 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó las sentencias contra todos ellos.[10] Hasta la fecha, Daniel Atala Midence es el único acusado que se encuentra prófugo y con una orden de captura de la Interpol.[11]

El 25 de mayo de 2022, el Congreso Nacional de Honduras declaró a Berta Cáceres «heroína nacional».[12] El 20 de enero de 2026, se lanzó una modificación al billete de L 200 con su rostro como un homenaje a su lucha, marcando un hito histórico al ser la primera vez que una mujer figuraba en la moneda nacional.[13] Según un medio local, el billete fue descontinuado al cabo de tres semanas.[14]

Biografía

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Fue hija de José Doré Cáceres Portillo[15] y de María Austra Bertha Flores López, que fue partera, enfermera y alcaldesa en tres ocasiones, gobernadora de Intibucá y diputada suplente al Congreso Nacional por el Partido Liberal.[16] Los padres de María Flores fueron perseguidos políticos desde jóvenes, al igual que ella, quien fue una activista social que vivió exiliada un tiempo en El Salvador. Más tarde dio amparo en Honduras a muchos refugiados salvadoreños durante la guerra civil de ese país.[17][18] Además, Flores sometió la moción de la firma de Honduras al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue firmado en 1995[19] y siendo alcaldesa, impidió la instalación de un batallón. Berta Cáceres cuenta además que su madre fue perseguida y hostigada por 12 años, llegando a ser secuestrada por un coronel en el año 1992.[20]

Durante su infancia y adolescencia Berta Cáceres, creció en una etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años ochenta, aprendió de su madre la importancia de defender la justicia y unirse a las luchas de su pueblo.[16] Uno de sus hermanos fue baleado y perseguido, su otro hermano, Francisco, estuvo preso durante varios años en el batallón militar de Marcala, por cuestiones políticas. Su madre fue vigilada y hostigada por 12 años, fue secuestrada y encarcelada (por órdenes de la Seguridad Nacional) y más de 2 mil personas de La Esperanza protestaron y exigieron su liberación.[21]

Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúniga y fue madre de cuatro hijos.[17] Una de sus hijas, Bertha Zúniga Cáceres, asumió el liderazgo del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), la organización que Berta Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Bertha Zúniga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar.[22]

Activismo

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En marzo de 1993 cofundó el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras),[23][17] que se dedica a «la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y [por] elevar las condiciones de vida de la población de la región».[23] Cáceres y el COPINH lucharon contra la tala ilegal, las grandes agroindustrias y las bases militares estadounidenses, y abogaron por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.[18]

Fue una militante social muy influyente a nivel regional y continental por su lucha por la justicia social y medioambiental. Creía firmemente en la integración de las luchas anticapitalista, anticolonial, anti-patriarcal y antirracista con el propósito de «construir alternativas dignas, humanas y justas, que revaloricen las formas propias comunitarias e indígenas», reflejando una concepción donde los problemas ambientales están ligados a las múltiples formas de opresión y marginación.[18] Además, por su relación entre ambientalismo y feminismo se considera a Cáceres como una ecofeminista.[24] En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya.[17] Además fue una dura crítica del Gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien consideraba un "vende patria" y un "dictador".[25]

Cáceres destacó en su activismo medioambiental, siendo especialmente mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de represas hidroeléctricas de inversores internacionales,[26] sobre todo su lucha contra el proyecto de la represa de Agua Zarca, en el río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara.[27]

Oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca

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Desde el golpe de Estado de 2009, se iniciaron en Honduras una gran cantidad de megaproyectos destructivos para el medio ambiente, que acarrearon el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios,[18] destinándose casi el 30 % del territorio nacional a concesiones mineras. Según denunció el COPINH, en 2010 el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras.[27] Entre estas, le entregó por veinte años el río Gualcarque a la empresa DESA,[27] un río sagrado para la cosmovisión del pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos.[28]

En 2006 un grupo de indígenas lencas de la región indígena de Río Blanco,[n 3][29] acudió al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) en busca de ayuda tras haber sido testigos de la llegada de maquinaria y material de construcción en su área.[5] En agosto de 2010, la compañía hondureña DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) recibió una concesión para un proyecto de 14,5 MW en Agua Zarca. En mayo de 2011, empezó la construcción preliminar entre DESA y la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), y en noviembre de 2012 la empresa china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo) firmó el contrato con DESA para construir el proyecto,[30] que se trataba de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados Sinohydro, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y DESA.[31] Al no consultar a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, las empresas habían violado la ley internacional, concretamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.[32] Los lencas consideraban que las presas afectarían su acceso a agua, comida y materiales para medicina, por lo que su modo de vida tradicional sería puesto en peligro.[33]

La campaña de protesta consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A partir del 2013, Cáceres dirigió al COPINH en la campaña de protesta. Una de sus principales acciones fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un año; pese a que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras.[34] El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras dispararon contra algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, causando la muerte del dirigente Tomás García y tres heridos.[33] En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.[35]

Además, las compañías constructoras, la policía y los militares montaron desde entonces una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que se les criminalizaba y se les presentaba en los medios de comunicación como violentos y peligrosos.[34]

En 2013, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, acusó a Cáceres de liderar grupos que solamente querían «atrasar al país» oponiéndose a proyectos de desarrollo, los cuales, manifestó, se habían hecho a través de convenios y socialización con las comunidades.[36] El 20 de septiembre del mismo año, Cáceres, junto a los dirigentes del COPINH Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, fueron acusados de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en prejuicio de DESA, por lo que se dictó una medida de prisión preventiva contra Cáceres y se requirió a los otros defensores a presentarse a firmar cada 15 días y no circundar la zona de los hechos. También se ordenó el cese de las protestas.[37][n 4] En respuesta, Amnistía Internacional declaró que los cargos deberían ser retirados y que si los activistas eran encarcelados serían considerados presos de conciencia.[38] Sumado a esto, 45 organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por la criminalización a los defensores de derechos en Honduras e hicieron un llamamiento para que el Gobierno investigara las amenazas contra ellos.[37] Las presiones del COPINH, liderado por Cáceres, junto con la ayuda de comunidades indígenas y organismos internacionales,[31] hicieron que a finales del 2013 Sinohydro y la CFI se retiraran del proyecto, aduciendo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos.[5] A pesar de ello, la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) continuó con el proyecto y trasladó el área de construcción al otro lado del río con la intención de evitar bloqueos.[33][31]

Denuncias

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En una entrevista realizada en diciembre de 2013 por Dick y Mirian Emanuelsson, Berta denunció que tres días después del golpe de Estado de 2009 se empezaron a dar concesiones (permisos de explotación) en zonas habitadas por los lencas, como ser el río Ulúa.[20] Cáceres también reprochó la aprobación de un paquete de 47 concesiones que tuvo lugar en agosto de 2010 por parte del Congreso Nacional,[39] las cuales según Cáceres se dieron a prestanombres de empresas multinacionales. Cáceres denunció además la existencia de 15 concesiones mineras en el río Gualcarque a la empresa DESA.[20] Estas habrían sido aprobadas también en 2010 mediante 25 decretos legislativos.[40] En la misma entrevista, Cáceres denunció que DESA estaba siendo financiada por Inversiones las Jacarandas S.A. de CV, propiedad de los hermanos Atala, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA),[20] lo cual fue verificado más tarde por una investigación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).[41] También denunció las amenazas de muerte y el acoso sexual que recibió por parte del excoronel de la Fuerza Aérea, Douglas Geovanny Bustillo, mientras este trabajaba como jefe de seguridad de la empresa DESA,[42] Bustillo fue más tarde uno de los condenados por el asesinato a Berta.

Cáceres, como coordinara general del COPINH, envió una carta al Fondo de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), solicitando una reunión con sus representantes y pidiendo que desistieran de financiar el proyecto Agua Zarca de DESA, alertando sobre las situaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la zona, incluyendo la violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.[43] En la entrevista, Cáceres denuncia que la respuesta del FMO fue enviar a observadores «arrogantes» a Honduras, quienes no se reunieron con habitantes del Río Blanco ni con representantes del COPINH, sino con disidentes que ya no formaban parte de esa organización y que hablaron en nombre de ella, con empleados de DESA y con representantes de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Cáceres afirmó que dichos observadores emitieron un informe final donde mentían sobre haber dado una respuesta directa al COPINH y sobre haber realizado ocho procesos de consulta válidos; esto con el fin de avalar el financiamiento del FMO al proyecto.[20]

Denunció el uso de grupos paramilitares y de tácticas de contrainsurgencia para afectar al COPINH, tales como sobornos de 2000 lempiras para que sabotearan sus automóviles –lo que habría ocurrido en ocho ocasiones–, el pago a sicarios por adelantado para asesinarla a ella o a otros activistas como Francisco Sánchez –presidente del Consejo Indígena–, la persecución judicial y el montaje de campañas de desprestigio en Internet. Además expresó que las empresas acostumbraban a sobornar a líderes indígenas y a alcaldes para lograr sus objetivos, ofreciendo hasta L 20 millones a estos últimos para la aprobación de proyectos.[20]

Cáceres habló además de la existencia de un racismo institucionalizado, que ridiculizaba las creencias de los pueblos indígenas. Reprochó al exsecretario de SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente), Rigoberto Cuéllar, por afirmar «de manera indigna» ante comisiones de derechos humanos que no existía el pueblo lenca en Río Blanco, ya que no había ningún documento que lo hiciera constar. Además, Cáceres opinaba que el nombramiento de Cuéllar como fiscal adjunto por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández respondía a una estrategia para blindarlo legalmente por sus abusos cometidos como secretario. En una entrevista llevada a cabo el 7 de mayo de 2015 por la CNN, Cáceres reiteró que las nuevas leyes estaban violentando el derecho a la expresión de los grupos indígenas y el derecho de la defensa de sus tierras y comunidades, y que el Gobierno perseguía a quienes protegían sus tierras.[44]

Asesinato

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Antecedentes

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Archivo:Graffiti de Berta Caceres.jpg
Tras la muerte de la activista se hicieron varias manifestaciones exigiendo justicia

La ONG Global Witness, en un informe de enero del 2017, sostuvo que Honduras era el lugar más peligroso del mundo para ejercer el activismo ambiental,[45] pues desde el 2010 al 2017, más de 120 personas fueron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo, por oponerse a proyectos de represas, minas, tala o agricultura en sus tierras y quienes no han muerto, han sido amenazados, atacados, puestos en prisión o se han salvado por poco.[46]

Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia, y contra miembros del COPINH, que fueron denunciadas a la policía, pero ninguno fue investigado. Por lo mismo, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, aunque según su madre, en la práctica no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a la mineras y empresas hidroeléctricas.

Debido a la persecución recibida, su madre y sus hijos tuvieron que abandonar el país, mientras ella tomó precauciones extremas: dormía cada noche en un lugar diferente y casi no se comunicaba mediante aparatos telefónicos, siempre viajaba acompañada y no hacía presentaciones públicas. Expresó además que recibía amenazas por parte de guardias de la empresa privada DESA como de las fuerzas de seguridad del Gobierno que protegían el proyecto de DESA.[42] Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros cuatro habían sido asesinados.[47][48]

En septiembre de 2016, el COPINH informó haber descubierto un espía militar, infiltrado en la organización por un año y que pasaba información sobre sus actividades, directamente a la Presidencia. Asimismo, el líder del COPINH, Tomás Gómez, informó a Global Witness que se había vendido a los sicarios una lista similar a la lista negra militar, que contenía el nombre y fotografía de activistas sociales y ambientales, entre ellos el de Berta Cáceres y el precio por su asesinato, meses antes de que este ocurriera.[30]

El crimen

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Cerca de la medianoche entre el 2 y 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza, donde también se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, miembro de Amigos de la Tierra, cuando los asesinos forzaron las puertas.[48][49] Castro escuchó cuando Berta preguntó: «¿Quién está ahí?», y un sicario le disparó y la mató, e hirió a Castro, quien fingió estar muerto para salvar su vida.[50] Al mediodía, su cuerpo fue trasladado por la Fuerza Aérea Hondureña hasta Medicina Forense en Tegucigalpa.[47]

Reacciones

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Miles de personas asistieron a su funeral, celebrado el 5 de marzo de 2016 en La Esperanza, que se convirtió en un homenaje popular. El acto fue dirigido por el sacerdote Ismael Moreno Coto y el padre Fausto Milla. Acompañados de los rituales y danzas garífunas, se cantó el Padre Nuestro en diversos idiomas y lenguas como lenca, misquito, garífuna, quiché, español e inglés.[51] Luego del acto, sus hijas encabezaron una marcha por toda la ciudad, en la que reclamaron justicia y denunciaron la impunidad de los asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. La multitud llegó hasta el cementerio de La Esperanza, donde fueron sepultados sus restos. Durante el entierro su madre dijo: «Quiero pedir que se haga justicia y que este horrendo crimen no quede en la impunidad».[52]

El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenó el hecho y declaró el esclarecimiento de su crimen una prioridad estatal.[53] También condenaron su muerte y exigieron una pronta investigación por parte de las autoridades hondureñas: el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro,[54] la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz,[55] el Parlamento Europeo,[56] la Cepal,[57] el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon,[58] Greenpeace;[59] y 74 organizaciones latinoamericanas,[60] entre otras.[61] También hubo protestas y homenajes por parte de activistas y organizaciones en Guatemala,[62] Nicaragua, El Salvador,[63] Ecuador,[64] Bolivia,[65] Perú,[66] Paraguay,[67] Brasil,[68] España,[69][70][71] Francia,[72] Inglaterra,[73] Holanda[74] y Alemania.[75]

Además, lamentaron su muerte Daniel Ortega (presidente de Nicaragua), Jimmy Morales (presidente de Guatemala),[76] Rafael Correa (presidente de Ecuador),[77] y Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), así como artistas conocidos por su activismo social, como René Pérez (Residente), Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio y Naomi Klein.[78]

También en Honduras hubo protestas durante los meses posteriores, llevadas a cabo por estudiantes universitarios,[79] feministas,[80] ambientalistas nacionales y extranjeros,[81] y el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).[82][83]

Investigación

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En las primeras horas tras el asesinato se procedió a la detención de tres personas, los testigos Gustavo Castro (conocido de Berta), José Ismael Lemus (guardia de seguridad) y Aureliano Molina Villanueva (militante de base del COPINH) como sospechosos.[84] Lemus fue liberado horas después con la advertencia de mantenerse en el país y la petición de colaborar con las autoridades, y el 6 de marzo fue también liberado Molina bajo vigilancia policial, porque no encontraron suficientes elementos para mantenerlo detenido. Hasta el momento, la policía mantenía la hipótesis de un crimen pasional, a pesar de los reclamos de los familiares de Berta de tratarlo como un crimen político.[85]

Dos días después del asesinato, Gustavo Castro fue puesto bajo el resguardo de la embajada de México en Honduras y las autoridades le prohibieron salir del país por 30 días debido a las investigaciones. El 7 de marzo, rompió el silencio mediante una carta pública, en la cual, entre otras cosas, acusó al Gobierno hondureño de prohibirle salir del país sin razón alguna, de que ninguna de las fotografías presentadas por los entes de investigación respondían a los principales sospechosos del crimen, sino más bien a compañeros del COPINH y de que el escenario del crimen había sido modificado.

Vi morir a Bertha en mis brazos, pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el COPINH ha realizado, en tantísima gente que la conocimos. No hay lluvia que semeje tantas lágrimas derramadas por su partida, pero no hay tanta fuerza que asemeje la lucha lenca que se enfrenta día a día, palmo a palmo disputándose el territorio contra las grandes transnacionales.
Gustavo Castro[86]

La medida de retenerlo en el país también causó rechazo entre más de 100 ONG activistas, quienes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto intervenir para acelerar su retorno a México.[50]

En octubre de 2016, le robaron su auto a la magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, en donde tenía los expedientes relacionados con el asesinato de Berta Cáceres.[87] Naciones Unidas expresó su preocupación ante este hecho,[88] aunque el mismo no afectó la investigación, según lo afirmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.[89]

En enero de 2017 fue capturado en México el exmilitar hondureño, Henry Javier Hernández Rodríguez, por suponérselo el autor intelectual y material de la muerte violenta de Cáceres. La captura fue un trabajo coordinado entre las policías de ese país y de El Salvador y Guatemala. Con este, sumaron ocho los detenidos por la investigación del asesinato de la dirigente ambientalista.[90] Entre ellos se halló el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, capturado por la ATIC en octubre de 2016 tras permanecer prófugo. Cardona enfrenta juicio por ampliar irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, trasladando las obras de infraestructura de Río Blanco (Intibucá) a San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara, sin realizar previamente un proceso de consulta a los pueblos lencas.[32]

En noviembre de 2017, un equipo de expertos internacionales publicó un informe, donde acusó «la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund» y «la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.»[91]

El 2 de marzo de 2018 fue capturado Roberto David Castillo Mejía, en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula cuando pretendía salir de Honduras, era presidente ejecutivo de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) al momento del asesinato. Castillo fue la novena persona capturada relacionada con el asesinato. La empresa DESA rechazó las acusaciones.[92] En abril de 2021, durante el juicio contra Mejía, salió a la luz una transferencia de USD 1.2 millones realizada entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa), de Daniel Atala, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa), de David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta Cáceres. Atala, quien era por entonces gerente financiero de DESA, pasó a ser uno de los investigados en el caso, emitiéndose una orden de captura en su contra el 2 de diciembre de 2023.[93] Atala se encuentra prófugo y con una alerta ante la Iterpol.[11]

Críticas y exigencias

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Archivo:Manifestación Berta Cáceres-OAS 5 de abril de 2016 (1).jpg
Bertha Zúniga Cáceres (hija de Berta Cáceres), durante una manifestación en las puertas de la OEA el 5 de abril de 2016

El COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) realizó denuncias expresando cómo el mismo Gobierno intentó criminalizar a los compañeros de organización de Berta Cáceres para limpiar su imagen,[94] en lugar de investigar a los entes y empresas acusadas por los familiares de Berta, entre los que destacan la empresa DESA, el Estado hondureño y el Grupo empresarial ATALA, de la familia Atala Zablah, uno de los más poderosos grupos de poder del país.[95][96]

A días del asesinato de Berta Cáceres, Erika Guevara-Rosas, representante de Amnistía Internacional criticó la deficiente investigación de las autoridades hondureñas y lamentó la negativa del presidente Juan Orlando a reunirse con familiares de Berta Cáceres, con defensores de derechos humanos y con Amnistía Internacional.[97] Meses después, también el Comité de la ONU contra la Tortura criticó la lentitud en dicha investigación y el hermetismo de las autoridades hondureñas.[98]

Berta Isabel Zúniga Cáceres, la hija de Berta Cáceres,[99] exigió que el asesinato fuera investigado por investigadores internacionales junto al Ministerio Público y no por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y denunció la persecución en contra de la líder indígena por parte de empresas junto con autoridades locales de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.[100] Pidieron también una investigación internacional independiente: la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, en una carta abierta al presidente Hernández;[56] el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, Peter Turkson,[101] el senador estadounidense, Patrick Leahy[102] y la embajada de Suecia en Honduras.[103]

El 6 de marzo, COPINH exigió en un comunicado que el Estado de Honduras firmase un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que enviara expertos independientes que condujeran una investigación imparcial, transparente y limpia.[94] También más de 220 organizaciones ambientales firmaron una misiva dirigida al secretario de Estado de EE. UU. John Kerry, pidiéndole que la CIDH participara en la investigación del asesinato de Berta Cáceres.[104] A dicha petición se sumaron 11 senadores demócratas[105] y 59 congresistas estadounidenses.[106]

A mediados de junio, 5 congresistas estadounidenses presentaron el Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, orientado a suspender la ayuda económica de Estados Unidos a los entes de seguridad en Honduras, a los cuales responsabiliza de muchos de los atropellos a los derechos de los activistas.[107] La ley proponía la retención de $ 18 millones destinados a la seguridad estatal, hasta que se castigara a los responsables del crimen de Berta Cáceres y se investigaran las muertes de muchos otros activistas ambientalistas.[108] La ley no pasó, siendo reintroducida en marzo de 2017 por 25 representantes.[109]

Investigación independiente

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Archivo:GIEI Honduras logo.png

El 14 de febrero de 2025 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) anunció la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Honduras para esclarecer de forma independiente los hechos relacionados con el asesinato de Berta Cáceres, así como otros delitos conexos. El mecanismo, que fue creado por medio de un acuerdo entre el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), la CIDH y el Estado de Honduras también fue creado con el fin de proponer medidas de reparación y garantías de no repetición, para garantizar justicia integral en los casos de violaciones a los derechos humanos de personas defensoras del medioambiente y activistas sociales.[110]

Los expertos del GIEI en Honduras fueron Ricardo Guzmán Loyo, Roxanna Altholz y Pedro Biscay. La Secretaría Ejecutiva estuvo a cargo de Jaime Vidal. La CIDH designó a estas personas como resultado de un proceso de diálogo sostenido con el Estado hondureño y las entidades representantes de las víctimas. El grupo contó con un equipo técnico propio en el país que operó con plena autonomía.[110] La labor del GIEI se extendió por once meses, durante el cual emitió informes parciales, y un informe final el 12 de enero de 2026, en Tegucigalpa.[111]

En su informe, el GIEI sostuvo que el asesinato de Berta Cáceres fue «previsible» y «prevenible», pues las autoridades hondureñas contaban con información explícita y en tiempo real sobre su planificación desde el 4 de enero de 2016; esto como producto de intervenciones telefónicas realizadas desde finales de 2015 a una estructura criminal que operaba en el norte del país con apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pese a esto, ninguna unidad estatal activó medidas para evitar el crimen, dice el informe, revelando fallas estructurales en la defensa de los activistas sociales.[112]

El informe también señala que bancos de desarrollo internacionales, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) de Países Bajos, entregaron financiamiento sin ejercer controles efectivos sobre el destino final del mismo, ignorando inconsistencias e indicios de fraude y de lavado de dinero. Parte de dichos fondos, dice el informe, fueron destinados a fuerzas policiales y militares, funcionarios municipales, autoridades ambientales, medios de comunicación y empresas de auditoría; quienes habrían defendido el proyecto con acciones como la militarización y el apoyo mediático. Los fondos habrían sido usados también para pagar informantes, tierras, operaciones de vigilancia y el asesinato mismo, habiéndose realizado 48 horas después del mismo una transferencia de L 500 mil a la empresa PEMSA. Uno de los condenados declaró que esa fue la cantidad que se usó para llevar a cabo el crimen.[112]

El GIEI subrayó que la junta directiva y los principales socios de DESA, incluida la familia Atala, nunca fueron investigados a fondo, no se profundizó en la responsabilidad de mandos militares y policiales, ni se examinó la totalidad de los dispositivos electrónicos incautados. Su investigación también registró un amplio abanico de daños individuales y colectivos contra la comunidad lenca de Río Blanco, especialmente contra mujeres y jóvenes indígenas, quienes enfrentaron amenazas, ataques, hostigamiento, destrucción de cultivos, estigmatización racista y negación de su identidad. Finalmente, el GIEI elaboró un plan integral de reparaciones que incluyó medidas de cesación del proyecto, reconocimiento de responsabilidad estatal, rehabilitación psicosocial, compensación económica y garantías de no repetición, proponiendo la creación de un fondo reparatorio para la comunidad de Río Blanco con contribuciones del Estado hondureño y de los bancos internacionales que financiaron el proyecto.[112]

Culpables

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El 29 de noviembre del 2018, siete hombres fueron hallados culpables del asesinato de Berta Cáceres: Sergio Ramón Rodríguez, gerente de ambiente y comunidades de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, jefe de seguridad de DESA y exteniente del ejército y especialista en inteligencia militar, Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Especiales, Henry Javier Hernández, antiguo sargento de las Fuerzas Especiales, y los tres sicarios: Elvin Rápalo, Edilson Duarte Meza y Óscar Torres. Un octavo acusado, Emerson Duarte Meza, fue declarado inocente y puesto en libertad.[113]

La corte declaró que el asesinato fue ordenado por Roberto David Castillo Mejía, quien coordinó con Bustillo. Bustillo contactó a Díaz, quien proporcionó una pistola, logística y realizó una misión de reconocimiento. Por su parte, Hernández fue quien organizó al grupo de tres sicarios para llevar a cabo el crimen. La corte dictaminó que los últimos cuatro mencionados participaron en una tentativa de asesinato el 5 de febrero de 2016.[113]

En diciembre de 2019, los tres sicarios y su jefe: Rápalo, Torres, Duarte y Hernández fueron condenados a 34 años de prisión por asesinato y a otros 16 por tentativa de asesinato. Mientras que los tres de los cuatro autores intelectuales: Rodríguez, Bustillo y Díaz fueron condenados a 30 años por asesinato.[114] El 5 de julio de 2021, el otro autor intelectual, Roberto Castillo, fue encontrado culpable del crimen, siendo sentenciado el 20 de junio de 2022 a 22 años de prisión.[93] El 27 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia dejó con sentencia firme las condenas contra todos los implicados en el asesinato, recalificando el delito de Sergio Ramón Rodríguez de asesinato consumado a cómplice de asesinato.[10]

Reconocimientos y homenajes

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Archivo:Berta Cáceres (3).jpg
Berta recibiendo el premio Goldman en 2015
Archivo:Berta Cáceres boat.jpg
El bote nombrado Berta Cáceres por el grupo Extinction Rebellion en Oxford Circus, Londres, en abril de 2019, con la consigna tell the truth ("cuenta la verdad" en español)
Póstumos
  • 2016: Premio Campeones de la Tierra, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.[117]
  • 2017: Artemio Precioso, de Greenpeace.[118]
  • La diputada Doris Gutiérrez presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional para declarar a Berta Cáceres "Heroína Nacional". También diputados del Partido Libre, Liberal y Pinu, presentaron un proyecto para que se declare la zona del río Gualcarque como parque de reserva forestal y se bautice como "Berta Cáceres".[119]
  • A un año de su muerte, se realizaron diversos homenajes en conmemoración a Berta Cáceres en Canadá,[120] España[121] y Argentina.[122]
  • La cantautora española Christina Rosenvinge le rindió homenaje en su canción "Berta multiplicada", incluida en el álbum Un hombre rubio (2018).
  • En abril de 2019 el grupo Extinction Rebellion colocó un barco rosado llamado Berta Cáceres en el Oxford Circus, Londres y se pegaron al bote, bloqueando el tráfico durante cinco días.[123]
  • En marzo de 2021, Roger Waters, integrante y cofundador de la banda Pink Floyd, realizó un homenaje dedicándole una de sus más reconocidas canciones “Wish You Were Here”.[124]
  • En mayo de 2021, el dramaturgo gallego Millán Picouto publicó La muerte de Berta Cáceres, tragedia en cinco actos y en verso, incluida en su obra completa "El macrocosmos", Linteo. ISBN 978-84-123801-0-1
  • En 2024, se anunció que Berta Cáceres sería la primera mujer en la historia de Honduras en figurar en la moneda nacional, modificándose para ello el billete 200 lempiras, en reconocimiento a su legado.[125] El nuevo billete, que tuvo un costo de USD 1.8 millones,[126] comenzó a emitirse el 20 de enero de 2026,[13] siendo descontinuado tres semanas después por las nuevas autoridades gubernamentales, aduciendo que se trataba de una edición conmemorativa.[14]
  • Un Espacio de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Usera lleva su nombre.[127]

Filmografía

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  • Katia Lara (18 de agosto de 2022). Berta soy yo. Honduras, Estados Unidos: Terco Producciones. Escena en 135 minutos.  La película fue un fracaso de taquilla en Honduras. La empresa Cinemark, en una carta abierta a Katia Lara, gerente general de Teco Producciones, denunció al asesor del gobierno en comunicaciones y esposo de Lara, Milton Benítez, y a la Secretaría de Cultura y Artes de presionar y amenazar a la empresa para mantener al documental en cartelera.[128]
  • Sam Vinal (2017). Berta Didn't Die, She Multiplied! (¡Berta no murió, se multiplicó!) (IMDb). Mutual Aid Media. Escena en 30 minutos. Consultado el 23 de abril de 2019. 
  • Katia Lara (2016). Berta vive (Digital). Honduras: Terco Producciones. Escena en 30 minutos.  El documental es un homenaje a su lucha como parte de la campaña "Defensoras de la Madre Tierra".[129] Recibió una mención especial de los jurados en la competencia de cortometrajes iberoamericanos del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.[130]

Véase también

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Notas

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  1. ↑ Aunque en vida su nombre fue casi siempre escrito como «Berta», con la emisión del billete conmemorativo en enero de 2026 los familiares de la ambientalista y funcionarios del Banco Central de Honduras aclararon que su nombre legal era «Bertha».[1]
  2. ↑ Distintos medios de comunicación han dado un año diferente de nacimiento:
  3. ↑ «Aunque se le conoce como una comunidad, Río Blanco en realidad está conformado por un grupo de aldeas lencas que se ubica a unos 1128 metros sobre el nivel del mar, en el norte del departamento de Intibucá.»
  4. ↑ Según Cáceres, la jueza que dictó las medidas fue concebida con la partería de su madre, María Austra Bertha Flores López.[20]

Referencias

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Bibliografía

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Enlaces externos

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